Córdoba: cambian el cuestionado Código de Faltas

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Nota publicada en la Agencia de Noticias Paco Urondo (3/12/2015)
PH: Daniel Cáceres
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El Código de Convivencia se convirtió en ley no sólo por decisión del oficialismo. Votaron a favor la mayoría de los bloques parlamentarios: Unión por Córdoba, Unión Cívica Radical, Frente Cívico, Frente Progresista, Frente Para la Victoria, Partido Socialista, Consenso Córdoba -Frente Renovador- y Encuentro Vecinal. Sólo se opuso la izquierda: Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Movimiento Socialista de los Trabajadores. El PRO se ausentó. Tanto Sergio Busso -presidente del bloque de UPC- como Fernando Salvi -presidente del bloque del FPV- reconocieron el diálogo y el trabajo conjunto de los legisladores.

Roberto Birri, del Partido Socialista, fue quien impulsó la reforma. Aunque dijo que “no es el código ideal”, aseguró que en la situación política y social actual plantear la derogación es inviable, lo que representa un avance haberlo modificado.

“El nuevo Código de Convivencia no es el que nosotros hubiéramos elaborado porque entendemos que tiene que ser mucho más garantista y promover una seguridad mucho más democrática pero entendemos que hay avances que no fueron propuestas del oficialismo sino que fue un trabajo también de la oposición”, dijo Lucas Bruno referente de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y del Movimiento Evita en Córdoba.

La figura del merodeo ahora aparece en el artículo 70 como actitud sospechosa y varios legisladores aún consideran ambigua su aplicación. La nueva legislación establece que serán sancionadas las personas que se encuentren: “Escalando cercas, verjas, tapias o techos o mostrando signos de haberlo hecho o intentando hacerlo; Manipulando o violentando picaportes, cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas; Portando herramientas o elementos capaces de ser utilizados para violentar cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas; Circulando en vehículos o motovehículos sin la identificación correspondiente o lo hicieren con una frecuencia inusual o exagerada; Permaneciendo en un mismo lugar por un espacio de tiempo exagerado o utilizando cualquier tipo de elemento con el propósito de ocultar su rostro o su persona, y; Persiguiendo de una manera persistente y ostensible a un transeúnte sin una razón atendible. El nuevo código incluye dos artículos -65 y 66- sobre la “protección contra la violencia de género”.

“Que la detención preventiva tenga un límite de ocho horas es un avance gigante, porque a los pibes generalmente los tienen detenidos mínimo 24 horas. Que un ayudante fiscal intervenga desde un primer momento es otro avance porque implica que la atribución de juzgar y el procedimiento contravencional ya no queda en manos de la policía de la provincia sino de funcionarios judiciales. Son pequeños avances que logran menoscabar el poder de la policía. Tiene que ser el puntapié inicial para un debate serio de cómo opera la fuerza policial y también respecto a la seguridad democrática” aseguró Bruno.

Límite a la arbitrariedad

Liliana Montero, del Frente Cívico, hizo referencia al reciente fallo que condenó al comisario Pablo Márquez por detenciones ilegales: “Da veracidad a los fundamentos que sostienen los pibes que vienen denunciando las arbitrariedades y abusos de la policía”. También dijo que el Código de Faltas es una paradoja: sanciona a los jóvenes que les falta educación, salud, techo e inclusión.

La Unión Cívica Radical, si bien celebró la aprobación porque significa “un cambio de paradigma cercano” a la Constitución nacional, sostuvo que se perdió “la oportunidad de profundizar en políticas para abordar realmente la seguridad”.

El nuevo código incluye dos artículos -65 y 66- que tratan la “protección contra la violencia de género”. La legisladora por el FIT, Laura Vilchez,  sostuvo que no responde a la legítima lucha de las mujeres para frenar la violencia de género. La izquierda -tanto el FIT como el MST- rechazaron el nuevo código con los mismos argumentos: “se mantiene la esencia represiva, arbitraria e inconstitucional” y porque sigue otorgándole poder a la policía. Los restantes bloques parlamentarios aseguraron que el nuevo código representa un avance.

La Legislatura estuvo vallada, tras el cerco policial se agruparon en la esquina de General Paz y 9 de Julio organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Exigían la derogación del Código de Faltas y el “cese del estado policial”.

“Quizás en este contexto pueda ser un avance, es un avance que los pibes en los barrios pasen de estar detenidos preventivamente 3 días a 8 horas. De fondo, lo que nosotros reclamamos es la persecución, la criminalización y discriminación por parte de un sector de la sociedad, que tiene el poder concentrado, que se legitima en la legislatura y también tiene su sostén en el poder judicial”, describió Agustín Sposato, del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos.

Representantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades junto con organizaciones sociales elaboraron un documento luego de una jornada de debate en torno a la modificación del Código de Faltas. “Entendemos que el objetivo final debe ser la aprobación de un verdadero código que facilite y promueva la convivencia pacífica, sin la prisión y la policía de por medio, en el que por la mediación legal se pueda resolver la conflictividad vecinal cada vez más alta en Córdoba”. También dejaron en claro que el oficialismo se vio obligado poner en discusión el Código de Faltas por la presión de las luchas sociales que llevan adelante organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, el espacio académico y diversos sectores políticos.

“No podemos celebrar modificaciones cuando lo que está de fondo no está solucionado, no se discutió el rol de la policía que es quien va a aplicar este código. La policía comete un montón de arbitrariedades y de abusos que van por fuera de cualquier código ¿y eso dónde se discute? Vamos a estar en la calle denunciando cualquier arbitrariedad y haciéndole saber a la legislatura si las modificaciones fueron positivas o no”, dijo Sposato.

La nueva legislación entrará en vigencia a partir del 1° de abril del próximo año.